La falacia de la seguridad

Varios años atrás —varios sexenios, para que nos resulte más fácil dimensionar el tiempo— hemos venido arrastrando un concepto que nos ha sido vendido de forma errónea y falsa: la idea de que realmente tenemos seguridad. Una falacia que nos ha sido impuesta por todos los poderes que conforman el Estado. Sí, me refiero a los políticos (presidentes, legisladores, gobernadores, etc.), organizaciones de seguridad, agentes que "buscan salvaguardar el orden público", milicias, y también a los dueños de los poderes mediáticos, como medios de comunicación y líderes de opinión. Claramente, debemos incluir en este mismo concepto de poder —que influye en las decisiones del Estado mexicano y muchos otros de América Latina— al sector empresarial y a todas aquellas personas con poder económico. Poderes que, a lo largo de muchos sexenios, han demostrado estar aliados con esos poderes fácticos que generan dicha inseguridad. Sí, me refiero a los conocidos narcos, poderes fácticos que buscan mantener el control de movimientos ilícitos —algunos de ellos, porque sí, ya están más inmersos en actividades lícitas de lo que creemos.

Esta inseguridad, como un cáncer, se ha enquistado en nuestro sistema social, económico, gubernamental y, claramente, de seguridad. No es algo que corresponda exclusivamente al actual gobierno de Claudia Sheinbaum o a Morena; es algo que comenzó a gestarse hace muchos años. Un ejemplo claro fue el sexenio de Felipe Calderón y su inefable "guerra contra el crimen organizado", que de poco sirvió, ya que sólo acrecentó la violencia y la hizo más descarada. Lo que antes se sabía en voz baja, ahora lo teníamos en primera persona en nuestras pantallas al desayunar. Y no digo que sea mejor no enterarnos, pero sí debemos preguntarnos por qué ocurren estas cosas y qué se está haciendo realmente para combatir dicha violencia. Tampoco podemos eximir al actual gobierno de la inseguridad que aún vivimos y de su naturaleza: desapariciones forzadas, ataques a la ciudadanía por grupos armados, e incluso el ataque sistemático del Ejército y las instancias de seguridad contra la población que deberían proteger. Su estrategia ha demostrado ser ineficaz, y podríamos argumentar que dicha ineficacia se debe a lo ya mencionado: durante años, estos grupos criminales se han inmiscuido en la política, agencias de seguridad y cúpulas empresariales. Porque sí, queridos lectores, los narcotraficantes están directamente relacionados con diversos empresarios, aunque no sea evidente para el ojo no entrenado.

Esta falacia de seguridad se materializa en el actual caso de Teuchitlán, Jalisco, donde las autoridades intentaron "calmar" la situación diciendo que no era un campo de concentración ni un crematorio, sino un "campo de entrenamiento para grupos criminales". Lo cual genera la duda: ¿desde cuándo un campo de entrenamiento para el crimen organizado es algo "menos gacho" (como diríamos en México) que un campo de concentración? En términos de muertes, claro que es menor el daño, pero implícitamente están aceptando que no cumplen con un estado de seguridad que tranquilice a la población. Al menos para quienes creen que no era un campo de concentración o un crematorio clandestino.

Y no nos quedemos sólo con Teuchitlán. Recordemos los múltiples culiacanazos, los casos de desaparecidos, los 43 estudiantes de Ayotzinapa —desaparecidos por el Estado—, tantas desapariciones ejecutadas por el Ejército y el gobierno, la matanza de estudiantes en el 68, los feminicidios de Debanhi Escobar, Emma Molina, Ariadna López y miles más (sí, lamentablemente hablamos de miles). También los periodistas asesinados, los luchadores sociales que, por ejercer su derecho a investigar y defender lo justo, son desaparecidos o asesinados. Y ahora, en el sector empresarial, por ahorrar dinero, tenemos casos como el de los fotógrafos asesinados por negligencia de empresarios que priorizaron la plusvalía en el Axe Ceremonia sobre la vida de sus trabajadores.

Entonces, ¿qué nos compete, queridos lectores de La Caja? ¿Por qué escribimos esta columna? Porque intentamos increpar a las autoridades que dicen buscar nuestra seguridad, cuando en realidad demuestran trabajar en conjunto por los intereses de políticos, policías, ejército, empresarios y crimen organizado. Queremos crear conciencia: hasta que no exijamos —y más allá de exigir, logremos— que esos poderes se separen y se obliguen a velar por la ciudadanía, esto seguirá. No apoyamos la idea de una intervención estadounidense —la historia muestra cómo terminan los países intervenidos por ese país imperialista—, pero tampoco podemos permitir este escenario miserable. Debemos atacar la raíz: la desigualdad social y la falta de oportunidades.

Es una deuda que las instituciones tienen con nosotros. Por más que digan combatirla, su actuar se basa en acuerdos con el crimen organizado. Los colectivos de madres buscadoras —con todo el respeto— no tendrían por qué existir si el gobierno y los poderes económicos no estuvieran vinculados a desapariciones y asesinatos. El gobierno debería poder resolverlo, pero si no lo hace, la respuesta es clara: están coludidos o muestran nulo interés en realmente resolver. No digo que Claudia Sheinbaum, Calderón, Peña Nieto, Salinas, Echeverría o cualquier otro presidente hayan ordenado desapariciones directamente (aunque de algunos hay mucho que dudar y muchos otros ya se les han atribuido), pero su omisión y confianza en personajes como García Harfuch, Cienfuegos o el infame García Luna los hace parte de esta asquerosa maquinaria.

La falta de un modelo que ataque el problema de raíz —y no sólo con parches o balazos sin sentido— ha generado este cáncer en México, que ya hizo metástasis en todos los poderes: judicial, seguridad, Ejército, medios de comunicación (que venden morbo en lugar de informar), y la élite empresarial que prioriza sus intereses sobre la inequidad.

Debemos alzar la voz ante este fracaso social. No basta con culpar al gobierno en turno, pero sí exigir a todos —actuales y venideros— que resuelvan esto. O tomarlo en nuestras manos —no con justicia propia, sino movilizando a la población para erradicar desigualdades—. También exigir que todos los gobernantes y procuradores sean juzgados por el daño causado. No se trata de defender a Morena ("pobrecitos, así les dejaron el país"), ni al PRI o PAN, cuyos intentos miserables por "salvaguardar la seguridad" enquistaron a estos grupos. El actual gobierno parece seguir el mismo camino.

Si hubiera que señalar culpables, serían innumerables: gobernantes y empresarios que favorecieron esta inseguridad.

Cierro con una canción que empatiza con lo que viven los familiares de desaparecidos —víctimas del crimen organizado, el Estado o el empresariado—. Los dejo con "Chale" de Los Choclok:

Ayúdanos compartiendo